No. “El conteo manual es impreciso e ineficiente”. “Cualquier plan para iniciar un recuento manual completo… pondría a los funcionarios (electorales) en serio peligro legal”.
Sí. Apoyó un proyecto de ley para facultar a los condados a realizar el recuento manual de las papeletas en lugar de utilizar el escrutinio automatizado. “Ninguna ley obliga a los escrutadores del condado a realizar un recuento con las máquinas como primera instancia”.
Ampliar. “El voto por correo ha sido una piedra angular de unas elecciones seguras y accesibles”. Criticó los esfuerzos federales para restringir el voto por correo: “esto es una usurpación federal de un deber constitucional que corresponde a los estados, no a la Casa Blanca”. Apoya una medida electoral para incorporar el voto anticipado, el voto presencial y el voto por correo a la Constitución de Arizona. Apoyó un proyecto de ley para extender el período de votación anticipada, establecer una “zona de protección del votante” de 75 pies y permitir que las papeletas se recojan y procesen de forma continua el día de las elecciones. Afirma que el modelo de centros de votación, que permite al elector votar en cualquier centro del condado, es “más seguro y más accesible”.
Limitar. Presentó una iniciativa electoral para eliminar la lista de votantes activos con voto anticipado, reducir el plazo para emitir votos anticipados y exigir una prueba válida de ciudadanía al votar por correo. Apoyó un proyecto de ley para eliminar los centros de votación (donde el elector puede votar en cualquier centro del condado), obligar a las personas a votar en los recintos asignados y limitar cada recinto a 1,000 votantes, lo que requeriría 4,000 nuevos centros de votación. Afirmó que los condados podrían alquilar viviendas particulares o alojamientos de Airbnb como centros de votación. Presentó una demanda para invalidar todas las boletas enviadas por correo en las elecciones presidenciales de 2020.
No. Se negó a entregar al Departamento de Justicia la lista estatal de registro de votantes, la cual contiene datos personales de todos los votantes del estado. “Tendrán que meterme en la cárcel si quieren esta información”. “Seguiré protegiendo su información personal de este tipo de solicitudes ilegales”.
Sí. Cuando se le preguntó si entregaría información de los votantes al gobierno federal, afirmó que cumpliría con la ley. “El gobierno federal… emitió tu número de Seguro Social y ya conoce tu número de Seguro Social”. Calificó el fallo de un tribunal federal contra la solicitud de la administración Trump de obtener los registros de votantes de Arizona sin censurar como “uno de los fallos más extraños y retorcidos que jamás haya leído”. Calificó de “sentido común” el esfuerzo de la administración Trump por “cotejar los registros de votantes para asegurarse de que en ellos solo haya ciudadanos estadounidenses”.
Sí. “La elección de 2020 ya pasó. Los votantes eligieron, de forma justa y transparente. Los intentos de reabrir el debate sobre las elecciones de 2020 se basan en teorías conspirativas y… corren el riesgo de generar un caos innecesario y socavar la confianza pública en nuestro sistema electoral”. Pidió que se investigara a los republicanos que “pudieran haber participado en la manipulación de las elecciones de 2020”.
No. Presentó una demanda para impugnar los resultados de la elección de 2020, alegando injerencia extranjera, piratería informática y el voto generalizado de personas que no eran ciudadanas. Tras recibir una amonestación formal de la Corte Suprema de Arizona, por presentar un caso que, según el tribunal, carecía de pruebas, afirmó que el proceso disciplinario estaba siendo utilizado indebidamente por “activistas de izquierda radical” que presentaron quejas en su contra. “Los votantes de este estado están cansados de oír hablar de 2020”.
Supresión del voto. “Nunca ha habido nada realmente malo en la administración electoral de Estados Unidos, salvo el hecho de que Donald Trump miente al respecto”. Remitió 25 casos de presunto fraude electoral para su posible procesamiento. En 2021 afirmó que la supresión del voto “sigue vigente”. En 2019 calificó de “escasas” las denuncias de fraude electoral.
Fraude electoral. Presentó una demanda para impugnar la elección presidencial de 2020 alegando un fraude electoral generalizado. Se postuló para la legislatura estatal “con la promesa de… hacer que nuestras elecciones sean más seguras”. Afirmó que los votantes de Arizona tendrán confianza en las elecciones solo si hay “observadores en nuestros centros de votación”. “Los votantes… tienen serias preocupaciones sobre la forma en que se están administrando nuestras elecciones”.
Sí. “Los votantes de Arizona deben seguir registrándose y votando según las normas vigentes, que exigen prueba documentada de ciudadanía e identificación de votante”. “He protegido tu voto haciendo cumplir las leyes de identificación”.
Sí. “La identificación del votante no es negociable”. Presentó una propuesta electoral para exigir “una prueba de identidad válida emitida por el gobierno antes de emitir el voto en cada elección”, incluso mediante el voto por correo. Afirma que los requisitos de identificación son “una cuestión de sentido común y de igualdad de protección”.
No. Se opone a la propuesta federal de la Ley SAVE America, que exigiría a toda persona que se registre para votar en una elección federal presentar una prueba de ciudadanía estadounidense: “Haría imposible la identificación para muchas mujeres casadas”. Arizona ha exigido “pruebas documentadas de ciudadanía durante más de 20 años”. “La Ley SAVE America hace algo muy distinto y negaría… el derecho al voto a hasta 22 millones de personas”.
Sí. Apoya la propuesta de ley SAVE America, también conocida como ley SAVE, por considerarla “un gran paso… a nivel federal”. “Debería ser necesario demostrar que se es ciudadano para poder votar”. Denominó a la medida electoral que patrocinó, la cual “constitucionalizará el requisito de prueba de ciudadanía en nuestro estado”, “mi Ley SAVE Arizona”.
Se opuso a una demanda de 2024 que buscaba eliminar a 500,000 votantes del padrón electoral de Arizona, argumentando que los datos utilizados en la demanda eran “inconsistentes y poco fiables”. Calificó de “ilegal” una solicitud de 2022 para depurar el padrón electoral. Se opuso a los intentos en algunos condados de cancelar por completo el registro de aquellos votantes inscritos únicamente para elecciones federales, al no haber presentado prueba de ciudadanía. La oficina de Fontes sostuvo que se debía permitir a dichos votantes seguir participando en las elecciones federales.
Presentó un proyecto de ley para que todos los funcionarios encargados del registro electoral eliminen del padrón a determinados votantes si no presentan pruebas de ciudadanía antes de las elecciones de noviembre de 2026. Dicha medida podría resultar en la eliminación de unos 200,000 votantes del registro. Presentó una propuesta de consulta popular que exigiría a los votantes solicitar boletas de voto anticipado cada dos años. Representó a los demandantes que iniciaron acciones legales para eliminar a 1.2 millones de votantes del padrón electoral.
Sí. “Los adversarios extranjeros, en particular Irán, están atacando activamente nuestra infraestructura electoral y nuestros sistemas políticos. No se trata de amenazas abstractas; son reales, persistentes y van en aumento”. Se opuso a los recortes de la administración Trump a la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructuras (CISA por sus siglas en inglés) a nivel federal. Propuso la creación de una entidad independiente “comprometida con salvaguardar las elecciones”. Apoyó un proyecto de ley que incluiría financiamiento para mejorar la ciberseguridad de los sistemas electorales estatales y de los condados.
Sí. Afirma que las máquinas de recuento de votos son fáciles de hackear y pueden programarse para generar resultados incorrectos. Considera la “inferencia extranjera” como una amenaza a la “integridad electoral”. Presentó un proyecto de ley para exigir que “el personal experto en sistemas y procedimientos de votación electrónica… realice verificaciones de campo… de los sistemas de votación electrónica”. Presentó una iniciativa electoral para “prohibir el financiamiento extranjero de nuestras elecciones”. Presentó una propuesta para la votación de noviembre de 2026 destinada a enmendar la Constitución estatal y permitir que los condados utilicen el recuento manual de votos.
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